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Aseguran que PGJDF violó debido proceso en el multihomicidio de la Narvarte

El 31 de julio del 2015 se produjo el asesinato de cinco personas al interior de un departamento de la Colonia Narvarte, caso que atrajo la atención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por considerar que la Procuraduría General de Justicia violó los derechos al debido proceso de las víctimas.

La Comisión decidió emitir la ‘Recomendación 4/2017’, dirigida a la PGJ y al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, al asegurar que el actuar de las instituciones involucradas carece de una investigación adecuada, dirigente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva.

“Desde el inicio no se actuó conforme a los protocolos de investigación para cada delito, pese a que el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México instruyó que se abrieran todas las líneas de investigación”, declaró Perla Gómez, presidenta de la CDHDF en conferencia de prensa.

Perla Gómez también lamentó que no se protegiera la información personal de las víctimas, así como su integridad, al haberse hecho públicas una serie de fotografías que mostraban sus cuerpos maltratados y sin vida.

También señaló el mal manejo que se hizo del caso, al darse a conocer que Rubén Espinoza, una de las víctimas, consumía drogas, mientras que a las mujeres, Mile Virginia, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Nadia Vera, se les relacionó con narcomenudeo y actividades sexuales a cambio de dinero, por lo que pasaron de víctimas a responsables de lo sucedido.

A pocos días de iniciada la investigación la PGJ dio a conocer que Mile Virginia era una ciudadana colombiana y fue vinculada con la venta de drogas y trabajos sexuales, información que aún no ha sido corroborada por las autoridades.

Todas estas irregularidades llevaron a la CDHDF a considerar que las autoridades violaron los derechos al debido proceso y a la debida diligencia, derecho a la vida, derecho a la verdad, al acceso a la justicia, a la integridad personal, derechos a la honra y a la dignidad, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Es precisamente por todas estas anomalías que la Comisión recomendó a la PGJ presentar, en un plazo no mayor a los 90 días, un plan integral de investigación para subsanar las omisiones que aún están sin resolver, agotar todas las líneas de investigación y emitir una ruta de acción para tomar en consideración que los fallecidos podrían pertenecer a algún grupo en situación de vulnerabilidad.

También la PGJ deberá indemnizar a las víctimas, brindarles acompañamiento psicológico y ofrecer una disculpa pública a las víctimas indirectas.

 

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